El verdadero cambio

En alguna oportunidad un político belemita había indicado, que: “administrar la Municipalidad de Belén, era como administrar una pulpería”. (con el perdón de las y los distinguidos emprendedores que existen en cada uno de nuestros barrios y que nos proporcionan todos los artículos requeridos para la preparación de alimentos u otros menesteres de la casa).

Aseveración no tan lejana de la verdad, dados los resultados tan deplorables de cómo han administrado la gestión municipal, según se observa en los múltiples informes de la Auditoría Interna y de los escasos resultados en proyectos que incidan en la calidad de vida de las y los belemitas en más de dos décadas.

Hoy día, cuando nos encaminamos a elegir a quienes tendrán la responsabilidad de orientar el rumbo de la Municipalidad de Belén, es preciso que valoremos con detenimiento las propuestas que se nos hacen y observar con lupa, si dichas propuestas están sustentadas en personas con experiencia, conocimiento, y capaces de encaminar nuevamente la gestión pública por el camino de la eficiencia y la eficacia, pero sobre todo con transparencia y rendición de cuentas.

A mi juicio, para rectificar el rumbo por el que nos han llevado por más de dos décadas, se requieren ciudadanas y ciudadanos intachables, comprometidos, con conocimiento y experiencia en sus diversas acciones públicas y privadas y donde se unan juventud y experiencia interdisciplinariamente.

Es por ello, que la oferta electoral que nos presentan en la papeleta de Unión Belemita, encabezada por la señora María Antonia  Castro, se observa con satisfacción hombres y mujeres que cumplen con las cualidades necesarias para enrumbar nuevamente a nuestro querido cantón por la senda del progreso y del desarrollo sostenible acorde con los lineamientos de los ODS.    

Hago un llamado a poner atención en esos discursos en el que nos hablan de amor por el cantón o de que son el cambio, cuando han tenido la oportunidad de demostrar con hechos y por el contrario, con sus acciones han sido cómplices de los desaciertos, la improvisación, el clientelismo, ausencia de dialogo y hasta de persecución a sectores no afines a su corriente política y sin el ejercicio responsable del control político, tal y como les obliga la ley.

Belemitas, tenemos la obligación de elegir con responsabilidad en las próximas elecciones a quienes regirán los destinos de nuestra comunidad. Es hora de hacer un cambio en el rumbo por el que nos han llevado, sin que realmente se vea reflejado en el progreso de nuestra comunidad.

Nuestro voto debe ser pensando en el Belén que vamos a heredar a las actuales y futuras generaciones.

Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez. Ex regidor municipal.

Una huelga sin sentido

Como belemitas, recién acabamos de experimentar una absurda huelga, que por tres días paralizo parcialmente los servicios a los cuales están obligados a brindar los empleados municipales, en razón de que el salario que devengan sale de los impuestos, comisiones y tarifas que pagamos todos los ciudadanos de Belén. 

Y digo absurda, porque la misma no tenía ninguna razón de ser, por cuanto era contra una supuesta negativa de parte de los regidores municipales de aumentarles el salario, lo cual, estaba acordado desde el mes de diciembre del 2022.

Albino Vargas y los dirigentes de la Seccional de ANEP en la Municipalidad de Belén, estaban al tanto por ser partícipes del acuerdo de diciembre y no debieron arrastrar irresponsablemente a sus compañeros a una huelga sin sentido y velar porque la Administración Municipal fuese más diligente en lo acordado ante el Ministerio de Trabajo.

En la Sesión Extraordinaria que convocó la señora Alcaldesa dizque para que el Concejo Municipal, le resolviera un asunto que fue provocado por la propia administración municipal a su cargo, tardaron siete meses primero y retrasando otros tres meses la entrega de información necesaria, tal es el caso del estudio de mercado y la modificación presupuestaria que daría sustento al aumento salarial.

No comprendo como personas con tantos años de servicio en la gestión pública y algunos regidores, pretendieron que se les aprobará por parte del Concejo de buenas a primeras como cheque en blanco, obviando un principio elemental de las finanzas públicas ­– del egreso versus fuente de ingresos - y ahora se preocupan de si la Contraloría avala o no, o si se pronuncia tardíamente y se queden sin el aumento respectivo.  

Inaceptable, además, pretender que el Concejo tomará un acuerdo, emitiendo una orden a la propia Contraloría que les garantizará que se les daría el aumento e impropio de quienes aspiran a cargos de elección popular y además ejercen cargos de dirección de la Seccional del Sindicato, esgrimiendo falsedades y dándole un sentido de oportunismo politiquero a la huelga.

Los ataques sin fundamento a la regidora María Antonia Castro, no son de recibo, porque solo ha demostrado ser una regidora seria, de gran compromiso para con el cantón y ser consecuente con su gestión en pro de Belén, sobre la base de la técnica y la legalidad como le corresponde a un regidor municipal a la hora de tomar decisiones.

Quedo demostrado que la huelga era innecesaria, por lo que genera una gran interrogante. ¿Será igual de diligente la señora alcaldesa recuperando los dineros de los salarios caídos en esos tres días?

Porque no puede ser posible que sobre los hombros de quienes pagamos los tributos, recaiga la irresponsabilidad de quienes se sumaron a dicha huelga.

Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez, Ex regidor Municipal.

La probidad en la función pública en Costa Rica.

La guía básica para ejercer con probidad la función pública en Costa Rica, establece que en el ejercicio de la función pública, se exige del servidor no sólo el cumplimiento estricto y riguroso de la legalidad de sus deberes, además, de la convicción plena de hacerlo con apego a los principios y valores que demanda la sociedad del servicio público y la ética que debe imperar en dicho ejercicio.1

De ahí, que a la Administración Pública se le impone la obligación de brindar servicios públicos conforme a los principios de igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia; asumiendo una actitud positiva, proactiva y objetiva frente a los administrados.²

No obstante, esa obligación de brindar servicios públicos al amparo del enunciado anterior, conlleva que el servidor o funcionario público, no puede caer en abuso de autoridad o actos arbitrarios, aprovechándose de su cargo para cometer actos ordenados o realizados en perjuicio de persona física o jurídica, por cuanto se convierte en un delito penado hasta con cárcel, según lo establece el artículo 338 del Código Penal.³  

También he sido testigo, de cómo en el supuesto cumplimiento de normas tanto de control interno como de riesgo, se cae en una excesiva “controlitis aguda” por desconocimiento o intencional, obviándose incluso reglamentos dictados por las propias instituciones.

Y se exige al administrado cumplir con requisitos no establecidos reglamentariamente en un claro y evidente abuso de poder y con visos de persecución y hasta profiriéndose amenazas implícitas de aplicar medidas sancionatorias, en detrimento de la objetividad, la transparencia y la ética que se exige al funcionario público, sin importar si dichas acciones van en deterioro en el mejoramiento de la calidad de vida que se merece todo ciudadano, razón última de la existencia de la función pública.

Hago el comentario basado en mi experiencia derivada de casi tres décadas en la función pública y con conocimiento de causa de las responsabilidades del servidor público y lo concerniente a la legislación nacional en la materia, con el convencimiento de lo que le asiste a todo funcionario público, dado de que quienes incurren en actos contrarios se pueden ver expuestos a consecuencias incluso penales por el hecho de apartarse de la línea de la legalidad, ética y objetividad con los que debe regirse en su función.

Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez.

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 1  Guía básica para ejercer con probidad la función pública en Costa Rica.

2   Sobre el abuso del poder.  Dr. Pablo Solano  https://puntojuridico.com/sobre-el-abuso-de-autoridad/

3    Artículo 338.-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.