Una creencia generalizada de la ciudadanía, lo es la de que los bienes públicos no son de nadie, olvidando que desde el Gobierno de la República, La Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justifica y hasta las Municipalidad son financiadas con el dinero que proviene de todas y todos los costarricenses a través de los impuestos, tasas, rentas, etc.
En nuestro cantón, es muy común escuchar la frase de que la plata es de la Municipalidad, Comité del Deportes o Unidad de Cultura, como si los dineros que alimentan los respectivos presupuestos municipales no hubiesen sido aportados por todos nosotros, sea cual sea la procedencia de los recursos.
Y lo más grave es, que a quienes les corresponde administrar los fondos públicos se lo creen, de tal manera, que se ve reflejado en la forma como se presentan los planes anuales operativos, sin metas claras y poco control. La norma es en muchas ocasiones, el como justificar el gasto, obedeciendo a veces incluso a caprichos u ocurrencias.
Empeora la situación, la no existencia en la Municipalidad, de un sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios y menos la adecuada valoración de la ejecución del presupuesto, de tal forma que nos garantice eficacia y eficiencia en la gestión pública y la prestación de servicios de muy buena calidad.
Dicha situación nos obliga como ciudadanos a ser fiscalizadores de la gestión pública y denunciar las irregularidades, siendo nuestro deber para con la Patria, tener una mayor participación en los eventos que revisten tanto a la función pública como a través de las organizaciones civiles, llamense Comisiones Municipales, Juntas de Educación o de Desarrollo Comunal, etc.
Como podemos percibir, nuestra obligación no solamente se concreta a acercarnos a las urnas a votar, sino a fiscalizar, denunciar y también aportar nuestro esfuerzo, en pro de toda una comunidad.
Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez
