11.19.2017

Nuevo edificio municipal.

Soy consciente de que el Gobierno Local de Belén requiere de una nueva casa, dado que la actual ya cumplió su vida útil y no reúne las condiciones óptimas en un ambiente cómodo, sin hacinamiento y con las mejores herramientas para quienes laboran en el o de quienes recurren en busca de la prestación de algún servicio municipal.

Es lógico pensar que cuando hablamos de la construcción de un nuevo edificio municipal, su financiamiento saldrá del bolsillo de las y los belemitas a través del pago de tributos, por lo que se requiere de la administración superior y las y los señores regidores una garantía de que su construcción y su uso, procurarán una mayor eficiencia y eficacia en los servicios públicos que se nos debe brindar.

Es por ello, que el tema de la construcción del nuevo edificio municipal y en especial, la última propuesta presentada por la administración superior, debe ser objeto de un buen análisis por parte de los señores regidores, pero también obligatoriamente debe fluir información diáfana hacia la ciudadanía en general.

Dadas las significativas variaciones de precio entre las diversas propuestas que han sido presentadas, la comunidad belemita se merece conocer con la mayor transparencia, todo lo referente a la forma como se ejecutará el proceso, su costo, ubicación y de cómo se obtendrán los recursos para levantar tal obra, entre otros aspectos relacionados.

De la lectura de la propuesta que recién le fue presentada al Concejo Municipal, surgen algunas dudas, que es importante sean aclaradas a fin de transparentar el proceso, las cuales me permito externar:

a)    Dado que el diseño de planos abarca un mayor espacio que el terreno municipal, sería importante que se aclare de qué forma y como se adquirirán las fincas aledañas que están en manos privadas, en vista de que se indica que habrá una reunión de fincas para satisfacer el espacio requerido.
b)    Porque se insiste en aumentar los costos de la edificación con la construcción de 1310 mts. cuadrados destinados al alquiler de locales comerciales, sacrificando algunas dependencias que al parecer no se ubicarían en el nuevo edificio, como Policía Municipal, Área de Desarrollo Social, Unidad de Cultura, entre otros.  
c)    Contempla la administración municipal en el diseño del nuevo edificio, que los diversos departamentos y unidades administrativas estén acordes a los estándares modernos en materia de trabajo y conlleven además una adecuada reingeniería de los procesos internos y una mejor utilización de la tecnología para determinar la capacidad real del personal  que se requiere.
d)    Las estimaciones de los costos por metro cuadrado, están definidas con claridad, de tal manera que garanticen, que a futuro no se tenga que incurrir en un mayor endeudamiento.
e)    Existen estudios de la viabilidad financiera del proyecto y el análisis de las  diversas alternativas de financiamiento que ofrece el mercado, entre ellas, construcción por cuenta propia, fideicomisos, concesión de obra pública, de tal manera, que se pueda garantizar una mejor toma de decisión, de quienes tendrán la responsabilidad de aprobar dicho proyecto y los empréstitos que conllevan.
f)     Contempla el proyecto con claridad los aspectos de accesibilidad, tal es el caso de rampas y ascensores en cumplimiento de la Ley 7600.
g)    Se aprovecharán las aguas llovidas para usos no humanos y de riego de zonas verdes.
h)   Contempla el uso de la energía solar como fuente de alimentación para la iluminación y uso de los equipos, que favorezca la disminución de costos de operación y se perfile hacia un edificio más amigable con el ambiente.
i)     No se vislumbra en dicho diseño las instalaciones para solucionar la problemática del espacio para el arte y la cultura que se ha ofrecido en múltiples oportunidades.
j)      Tampoco se conoce cuál será el uso que se dará al actual edificio.

Probablemente a las y los belemitas, le surjan otras interrogantes acerca de cómo se gastarán 5000 mil millones de colones o más, razón por la cual, insisto, es primordial que entre mayor información oficial fluya, hará que dicho proyecto, sea una realidad para el bien de la comunidad belemita en general.


Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez. Ex regidor municipal, Publicado en Períodico El Guacho, Octubre 2017.

El deber de probidad en los servidores públicos

La Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública de Costa Rica, en su Artículo 3º- Deber de probidad, establece con claridad que el funcionario público está obligado a orientar su gestión a satisfacer el interés público y por lo tanto su gestión se debe basar en identificar y atender las necesidades de la comunidad en general, de manera planificada, procurando la eficiencia y en condiciones de igualdad para todos y todas.

Especifica además, que el funcionario público debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, apegados a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña o representa y sobre todo administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia y  rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Es por ello que, llama la atención una reflexión que hace el editor del Guacho, en una de sus ediciones donde se refiere que algunos funcionarios o autoridades públicas se molestan por el hecho de que se de conocer a la ciudadanía sus actuaciones.

Al respecto, me parece oportuno recordar a las autoridades electas y a las y los funcionarios de las instituciones públicas, que ellos, son servidores públicos, que han aceptado unos por elección popular y otros por la retribución económica que perciben, administrar los servicios y los recursos públicos y por lo tanto, asumen una enorme responsabilidad para con la ciudadanía en general.

Lo anterior obliga además a que su comportamiento sea intachable y correspondan a la confianza que les confiere el pueblo, sobre la base de una gestión honesta, leal y transparente y en procura de cumplir el fin último de su labor como lo es el servicio público, eficiente y eficaz en beneficio del bien común.

Al respecto, llama poderosamente la atención como en múltiples denuncias públicas acerca de las deficiencias en la prestación de los servicios o incumplimientos de deberes por parte de la administración municipal, personas ajenas al quehacer municipal, son los que tratan de dar las explicaciones respectivas, en una acción que le compete exclusivamente a las autoridades y funcionarios públicos, lo que, lógicamente fomenta dudas y crea suspicacias ante la ciudadanía en general, siendo poco conveniente para administradores como administrados, ante el cumplimiento del Deber de Probidad.    

Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez. Ex regidor municipal.  Publicado en Periódico El Guacho, octubre 2017