6.14.2026

Reflexiones sobre la Gobernabilidad y el Bien Común, sus Pilares y los Riesgos en el cantón de Belén

En la última década se ha percibido en el cantón de Belén un deterioro en la gobernabilidad, entendida esta como la capacidad del Gobierno Local para responder de manera eficaz, mantener el equilibrio político y garantizar a sus ciudadanos la estabilidad necesaria para un buen desarrollo local y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los belemitas.

Siendo estos elementos esenciales para el desarrollo integral de las comunidades y representados en el ámbito local por la capacidad de las autoridades, instituciones y actores sociales para conducir los asuntos públicos de manera eficiente, transparente y participativa y orientando sus decisiones hacia la satisfacción de las necesidades colectivas y la búsqueda permanente del bien común.

Para nadie es un secreto que Belén históricamente es reconocido por sus altos índices de desarrollo humano, calidad de vida e importantes niveles de inversión pública y privada por lo que la gobernabilidad debe entenderse como un compromiso permanente que trascienda los períodos políticos y las diferencias ideológicas y que cuando ese equilibrio se debilita, surgen señales de deterioro institucional que afectan directamente la confianza ciudadana y la capacidad de respuesta de las organizaciones públicas.

Para nadie es un secreto, que el bien común implica que las decisiones del Gobierno Local deben orientarse a generar beneficios para la colectividad y priorizar el interés general sobre los intereses particulares o sectoriales y, por lo tanto, la prioridad de la administración es garantizar que los recursos municipales, estén dirigidos a los proyectos de desarrollo, la planificación territorial y la prestación de servicios que respondan a criterios de equidad, sostenibilidad y eficiencia.

Lo anterior nos lleva a hacernos algunas interrogantes acerca de los pilares fundamentales de una buena gobernanza:

1. Transparencia y rendición de cuentas.
Las autoridades locales están garantizando el acceso a la información pública, la fiscalización ciudadana y la explicación clara de sus decisiones o por el contrario sus procesos están generando desconfianza y debilitamiento de la legitimidad institucional.

2. Participación ciudadana efectiva.
Cuenta la comunidad con espacios reales para que la participación ciudadana pueda intervenir en la definición de políticas, proyectos y prioridades cantonales. O por el contario se traduce en mecanismos formales que no se traducen en incidencia efectiva para la toma de decisiones.

3. Eficiencia administrativa.
Está la capacidad institucional ejecutando proyectos, atendiendo servicios y resolviendo los problemas comunitarios de manera eficiente y eficaz para mantener la credibilidad de la gestión pública.

4. Seguridad jurídica y respeto al marco normativo.
Están siendo las actuaciones municipales fundamentadas en principios de legalidad, igualdad y objetividad, garantizando que las decisiones respondan al ordenamiento jurídico y no a intereses coyunturales.

5. Coordinación interinstitucional y diálogo social.
Existe la adecuada articulación entre gobierno local, organizaciones comunales, sector empresarial, instituciones públicas y sociedad civil que garantice el desarrollo local que se requiere.

Las interrogantes surgen debido a que cuando estos pilares se debilitan o se ven afectados por conflictos políticos, falta de liderazgo, deficiencias en la planificación o una limitada capacidad de ejecución, aparecen riesgos muy significativos para la gobernabilidad que se traducen en:

·       Pérdida de confianza de la ciudadanía en el Gobierno Local.

·       Incremento de la polarización política y social.

·       Paralización o retraso de proyectos estratégicos para el desarrollo local.

·       Desaprovechamiento de recursos públicos y oportunidades de inversión.

·       Debilitamiento de los mecanismos de participación ciudadana.

·       Deterioro de la imagen institucional del gobierno local.

·       Menor capacidad para atender necesidades sociales, culturales, ambientales y de infraestructura.

De tal manera que la ineficacia en la gestión pública no solamente afecta indicadores administrativos; también repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes. Una gobernabilidad debilitada puede traducirse en menor competitividad territorial, pérdida de oportunidades para las nuevas generaciones y una creciente percepción de desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la comunidad.

Por el contrario, el fortalecimiento de la gobernabilidad implica propiciar una cultura de diálogo, planificación estratégica, transparencia y corresponsabilidad social. Es evidente que el futuro de Belén dependerá de la capacidad de sus instituciones y de su ciudadanía para construir consensos que permitan superar diferencias particulares en favor de objetivos comunes y sostenibles.

Por último, la gobernabilidad no debe medirse por la capacidad efectiva de generar bienestar colectivo. El verdadero desafío para Belén consiste en retomar y fortalecer las condiciones que han permitido su desarrollo histórico, garantizando que toda acción pública responda al principio fundamental del bien común y al interés superior de la comunidad, esa es, creo yo, la máxima aspiración de las y los ciudadanos belemitas.

5.09.2026

Ningún regidor puede desconocer sus responsabilidades y obligaciones

 A seis años de ocupar una silla en el Concejo Municipal, algunos regidores municipales de Belén, deberían estar claramente conscientes del papel que representan y de las responsabilidades y obligaciones que el puesto conlleva.

No es posible que, a estas alturas, no sean conscientes que están ahí para aprobar los presupuestos y planes de trabajo que les presenta la administración municipal y fiscalizar que la gestión de los recursos públicos se efectúe de manera eficaz y eficientemente.

Que las y los regidores tienen una altísima responsabilidad en la toma de decisiones y por lo tanto, su deber, en primera instancia debe ser cumplir las leyes y reglamentos que rigen su accionar, llámense de control interno, Ley de aguas, planes reguladores, de contratación administrativa, de ambiente, entre muchas otras, con la finalidad de cumplir el objetivo final de brindar a la ciudadanía calidad vida, así como vigilar que la gestión municipal este al servicio de la comunidad en general.  

Con gran preocupación escuche en una sesión municipal a una regidora evadiendo su responsabilidad, al decir “que el atraso en los pendientes de respuesta a la auditoria interna” es de otras administraciones y no de la actual, me parece, más preocupada por defender el actuar de la alcaldesa municipal, responsable directa de toda la gestión de la administración municipal, que por el alcance de la responsabilidad de su cargo.

Olvida esta señora, que la administración pública no inicia y culmina cada cuatro años y que, al asumir las funciones de regidora, no puede ser omisa de las acciones de la administración municipal, precisamente por el papel político de fiscalización que la Ley le otorga.

Inconcebible además, que en un afán politiquero y populista, pretendan acallar y excluir de los espacios de discusión y conocimiento de los temas relevantes que se ventilan en el Concejo Municipal, así como de restringir la participación de la sociedad civil en las comisiones municipales, será para que no se enteren de los asuntos que se discuten y que afectan a toda la ciudadanía belemita, en temas relevantes tales como como presupuestos, permisos de construcción y disponibilidades de agua, entre otros, a regidores que si están ejerciendo responsablemente el cargo que les fue encomendado por el pueblo,

Les insto a que atiendan la valiosa recomendación que les hizo la señora regidora Ana Betty Valenciano, de que lean y consulten señores, lean hasta el más mínimo detalle para que estén seguros de que sus actuaciones estén siempre apegados a la técnica y la legalidad, obligación ineludible y para que no se lleven sorpresas teniendo que enfrentar denuncias en los tribunales de justicia por el hecho de tomar decisiones que atenten contra la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén.

9.21.2025

Prejuicio social contra persona con discapacidad.

 Con el apelativo de TATARETO, es atacado un candidato opositor a los intereses de los chavistas de continuar en el poder, provocando con ello, hostilidad hacia una persona con discapacidad y utilizándola a sus intereses politiqueros en un claro delito de odio por discapacidad, reflejo de la decadencia a lo que ha llegado un sector de la sociedad y sin medir las consecuencias de sus actos.

Discapacitación y capacitismo son términos que se utilizan para describir la discriminación y los prejuicios sociales contra personas con discapacidad física o mental y es que, tan bajo han caído los seguidores de Chaves, descalificando y haciendo mofa de un candidato presidencial que, pese a su discapacidad física, ha logrado superar obstáculos a tal grado que aspira a dirigir los destinos del país en las próximas elecciones presidenciales.

Siendo padre de una persona con capacidades diferentes y habiendo apoyado por muchos años a dichas personas desde un centro educativo, no puedo dejar pasar tal aberración, en detrimento de las múltiples limitaciones que enfrentan las familias con tal de sacar adelante a tan importantes personas, como para que sean objeto de burla y politiquería. 

7.12.2025

¿Quién cree que tuvo la culpa?

 El Código Municipal (Ley 7794) define con claridad dos tipos de función. La de los regidores cuya obligación es velar por aprobar los planes, presupuestos y otros que le presente la Alcaldía, pero, sobre todo, la ineludible obligación de ser fiscalizadores de la ejecución de los mismos, con celeridad y transparencia, en beneficio de toda la colectividad.

Y, por otra parte, las de la Alcaldía, que, como jerarca, le corresponde poner a andar a toda la administración en cumplimiento de lo que planteó, con eficiencia y eficacia y velando por el buen uso de los recursos para que se nos brinden servicios de calidad.  

Es por ello, que lo que acontece en la Municipalidad de Belén, no puede pasar desapercibido y mucho menos ser ignorado por las y los belemitas, lo que lleva a plantear las siguientes interrogantes a la ciudadanía en general:   

¿Se preocupan ustedes porque los recursos se apliquen con eficiencia o eficacia y porque efectivamente se esté luchando por mejorar nuestra calidad de vida, como expresión máxima de la labor de una Municipalidad?

¿Son conscientes del retroceso que hemos experimentado en las últimas dos décadas en el desarrollo de la comunidad respecto de otras, pese a contar con suficientes recursos como para que no tengamos mejores estándares de vida?

¿Son conscientes de que debido a la ausencia de un voto crítico y del poco interés por lo que sucede, hoy día se percibe con normalidad como cada día, nuestra calidad de vida se deteriora aún más?

Acaso se han puesto a pensar en algún momento los porqués de las interrogantes, tales como:

·       Nunca en la historia de nuestro cantón, habíamos experimentado tan altos superávits en los presupuestos anuales por no ejecución, lo que nos hacen pensar que existe un manejo de los recursos ineficiente e ineficaz y, por lo tanto, pagamos solo por mantener abierta la Municipalidad.

·       Experimentamos altos grados de contaminación vial, sónica y ambiental, sin que exista interés por buscar soluciones.

·       Permisos de construcción como si fuesen producto de piñatas con tramites incompletos y sin los estudios necesarios para que se otorguen y lo que es peor aún, grandes construcciones sin permisos municipales.

·       No existe una política clara respecto a la vialidad cantonal y se asume con normalidad las presas vehiculares en nuestras calles, sin un ápice de preocupación.

·       No existe certeza de si el recurso hídrico será suficiente para abastecer la carga urbanística al no contar con un inventario hídrico

·       Poco o nulo interés por un mayor desarrollo cultural

·       Persecución a personas y organizaciones civiles y comunales por no ser afines políticamente.

·       Se eligen regidores que aplauden la ineficiencia, que no les preocupa ver como crecen informes de la auditoria interna y externa sin atender o las improbaciones de presupuestos por parte de la Contraloría General de la República, en afectación directa a los controles internos y de riesgo, sin que cuestionen o denuncien acorde a sus responsabilidades como regidores.

·       Que existe un plan de gobierno que no contempla una sola actividad de gobernanza y nadie lo cuestiona.

·       Que la administración municipal no cuenta con un sistema de evaluación de desempeño, el cual, se debería estar aplicando desde el 2002 y, por lo tanto, nadie se hace responsable de su gestión.

Probablemente ustedes encuentren más porqués, lo que me lleva a preguntar. ¿Y el pueblo? Al parecer sin la más mínima conciencia de que con sus recursos se pagan los salarios de los funcionarios municipales, incluidos los alcaldes y las dietas de los regidores, para que se haga un ejercicio responsable, ordenado y trasparente y realmente luchen por los intereses de las y los belemitas.

Por lo pronto, no queda más que señalar que todo lo que acontece tiene un culpable y como en Fuente Ovejuna de Lope de Vega, “La culpa la tuvo el pueblo”.

11.14.2024

El funcionario público y el deber de probidad.

Dadas las circunstancias actuales en nuestro cantón, es oportuno recordar a las autoridades electas y a las y los funcionarios de la Municipalidad, que ellos, son servidores públicos, que han aceptado unos por elección popular y otros por la retribución económica que perciben, administrar los servicios y los recursos públicos y, por lo tanto, asumen una enorme responsabilidad para con la ciudadanía en general.

Por lo antes expuesto, al funcionario público o servidor público, la Ley les obliga a que su comportamiento sea intachable y correspondan a la confianza que les confiere el pueblo, sobre la base de una gestión honesta, leal y transparente y en procura de cumplir el fin último de su labor como lo es el brindar servicios eficientes y eficaces en beneficio del bien común.

Es por ello, que el funcionario público debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, apegados a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña o representa y, sobre todo, administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia y rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Al respecto la Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública de Costa Rica, en su Artículo 3º- Deber de probidad, establece con claridad que el funcionario público está obligado a orientar su gestión a satisfacer el interés público y por lo tanto su gestión se debe basar en identificar y atender las necesidades de la comunidad en general, de manera planificada, procurando la eficiencia y en condiciones de igualdad para todos y todas.

Por otra parte, al servidor público y jerarca de la institución, la Ley General de la Administración Pública le define en su Artículo 8, las obligaciones: de proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la eficiencia y eficacia de las operaciones y, sobre todo, cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

 De ahí que el funcionario público está obligado a ejercer con probidad la función pública y se le exige, no sólo el cumplimiento estricto y riguroso de la legalidad de sus deberes, además, de la convicción plena de hacerlo con apego a los principios y valores que demanda la sociedad del servicio público y la ética que debe imperar en dicho ejercicio.

 Por lo que el incumplimiento de dichas obligaciones y el abuso de autoridad o actos arbitrarios, aprovechándose del cargo para cometer actos ordenados o realizados en perjuicio de persona física o jurídica en contra del bien común, se convierten en un delito penado hasta con cárcel, según lo establece el artículo 338 del Código Penal.

 

11.03.2024

El Belén "In sostenible"

Circula una verborrea en contra de la actualización al Plan Regulador de Belén por parte de un pequeño grupo en Belén, el cual, ha tenido secuestrado este cantón por varias décadas y que en su afán de seguir obedeciendo los lineamientos de poderosos financistas de campaña solo han traído caos, contaminación sónica y ambiental y desmejorando por mucho la calidad de vida de quienes habitamos nuestro querido Belén.

De que nos sirve por ejemplo que se vanaglorien de que somos del Top 10 en el Índice de Desarrollo Humano, cuando estamos hasta la coronilla de contaminación sónica y ambiental, caos vial, expulsamos a nuestros familiares, a medias con las plantas de tratamiento y se pretende ignorar la gran responsabilidad que tiene nuestro cantón para con más de 1 millón de personas en cuanto al suministro de agua.

Pretenden estos señores que ignoremos que desde hace mucho que nuestros hijos y nietos han tenido que emigrar a otros cantones, porque no solo con sus acciones han encarecido el valor de la tierra en Belén, sino que además los lujosos condominios que se construyen no son del poder adquisitivo de nuestros familiares.

No es desconocido de que ya el Plan de Regulador vigente está obsoleto desde hace mucho tiempo, mismos que en su fase aprobación allá por 1998, fue manoseado en otras esferas, lo cual se descubrió en juicios que tuvo que enfrentar la Municipalidad por permisos de construcción de proyectos urbanísticos mal otorgados y donde el texto y el mapa diferían entre sí.  

Se oponen precisamente a la actualización del plan regulador porque les favorece seguir dando permisos de construcción a los grandes proyectos de acuerdo a su conveniencia e interpretación, en contra de la técnica y la legalidad, lo cual es muy evidente con lo que sucede hoy día.

De que nos sirven que ingresen tantos recursos a las arcas municipales, que solo sirven para pagar salarios porque tenemos casi dos décadas de no conocer proyectos de desarrollo en nuestro cantón, o que se promuevan nuevas vías que nos descongestionen un poco y mucho menos luchar porque el Gobierno construya los 2.7 kilómetros de la Panasonic a la General Cañas que en algo nos ayudaría a descongestionar Belén.

Por último, señores, porque insisten en su discurso engañoso ante la población belemita, porque no le comentan a los belemitas, de sus fallidos intentos de pretender cambiar estudios técnicos legales ante las instancias rectoras en la materia, mismos que les han improbado por falta de riguridad técnica y legal.

Ya basta de estar metiendo sus manos en el proceso final de la actualización, renuncien a sus cargos en la Comisión de Actualización al Plan Regulador y dejen que su proceso transcurra con normalidad, no se puede ser juez y parte, o acaso creen que los belemitas somos ingenuos, háganos un favor a las y los belemitas y piensen, aunque sea una vez en la vida, por el bien común y nuestra calidad vida y menos en los intereses de otros o propios.

 

10.09.2024

San Vicente y la situación de limites provinciales


Fotografía tomada del Periodico el Guacho
Cuando dejará este pueblo de ser domesticado y de comer tanta basura politiquera y mezquina de quienes estuvieron a punto de regalar parte del territorio de San Vicente y tuvieron la desfachatez de denigrar personas y mentir al mejor estilo de su corriente política, vistiéndose hoy como siempre con ropa ajena.

El que hoy la presidencia de la República presentará ante la Asamblea Legislativa el decreto de los límites de Belén reconociéndose el lado sur de San Vicente como territorio belemita, es un triunfo de su gente, liderados por William Arce y el apoyo que desde el Concejo Municipal ha tenido de parte María Antonia Castro y Ulises Araya y demás compañeros de Unión Belemita.  

Vergüenza debería tener quien, siendo diputado de Heredia, firmó el decreto que regalaba dicho territorio a la Provincia de Alajuela, para que salga hoy como si fuese el mentor del decreto y se echen loas, olvidando que no hace mucho atacaban, mentían y denigraban a quienes luchaban por su derecho a pertenecer a Belén.

Felicitaciones a William y todos y todas quienes emprendieron tan férrea defensa porque en un año han logrado demostrar que unidos, con fe, persistencia y basados en la legalidad de por medio, se pueden lograr mucho para el bien común.

Que sirva esta lucha de estimulo para el resto de la población deje de estar comiendo cuento. Ya es hora de despertar porque todos los habitantes de este bendito pueblo, nos merecemos vivir con calidad de vida, con menos contaminación ambiental y vehicular y con mejores servicios de calidad que para eso pagamos los impuestos.

Ya es hora de luchar con mayor persistencia por la actualización del Plan Regulador y la concreción de la Radial Santa Ana a la General Cañas, esperanzado del día en que las y los belemitas dejen de pensar que quienes aspiran a ocupar cargos públicos les están haciendo un favor y hay que rendirles pleitesía.

Por el contrario, tenemos la obligación y responsabilidad de exigir eficiencia y eficacia en su gestión, que para eso les pagamos su salario y sus dietas y si no tienen ese compromiso, mejor que se queden en sus casas.   

Felicidades vecinos de San Vicente, están más cerca de reafirmar su pertenencia a Belén como lo ha sido desde hace 123 años y que les fue arrebatado en 1988. 

Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez.